Sólo 11 de casi 63 personas han sido procesadas por el delito de estafa en contra de los 50 mil ahorradores de cajas populares ubicadas en la entidad, revelaron ayer representantes del Frente Único de Ahorradores  Defraudados de Oaxaca (FUADO), quienes atribuyeron a los legisladores esta problemática.

El presidente de la Asociación Civil, Raúl Gil Sibaja López, precisó que desde hace cuatro años la Procuraduría General de Justicia del Estado ha iniciado con dos mil 689 averiguaciones previas y 405 expedientes de investigación en contra de 63 instituciones financieras de este tipo.

De los cuales resultan ofendidas 10 mil 395 personas, por un monto total de mil 065 millones, 336 mil 425. 81 pesos.

Recalcó que a la fecha existen 185 procesos penales y que se encuentran distribuidos en las siguientes regiones: 53 en la capital del estado, seis en la Mixteca, 120 en la Costa, cinco en la Cuenca y uno en la región del Istmo.

Precisó que sólo 11 representantes han sido detenidos entre las que destacan, Consultoría Jurídica Integral, Caja de Reactivación Económica, Caja Popular  y/o Caja Nacional del Sureste, Caja Centenario, Caja Solidaria de la Mixteca, Corporativo Azteca, Casur, Cooperativa Bass y  Caja Atlántico del Sureste.

Insistió que son más de 50 mil los afectados por fraudes cometidos por cajas de ahorro, y la mitad de ellos estarían fuera de las posibilidades de recuperar lo que les han robado en caso de no aprobar las reformas al Fideicomiso Pago (Fipago).

En este sentido, alertó que en la entidad continúan proliferando este tipo de instituciones, al destacar que sólo tres de un universo de 240 cajas de ahorro que se conocen, cumplen con los estatutos y normas establecidas por la Ley de Ahorradores.

Por lo que llamó a los aspirantes a la presidencia de la república, senadores y diputados federales, para aprobar reformas a la Ley de Fipago, para beneficiar a más de 25 mil familias en el estado y 300 mil en el país.

Lamentó que cinco millones de pesos están en juego y depende del legislativo y de la Secretaría de Hacienda que en Oaxaca se puedan continuar con los trabajos de auditoría como hasta ahora lo ha hecho el gobierno de Gabino Cué.

Asimismo recordó que ya se integró un primer paquete de 11 mil 940 defraudados de cuatro cajas de ahorro, y se prepara un segundo para otros 12 mil defraudados, quienes cuentan con el problema que los administradores de las instituciones financieras que no quieren entregar su contabilidad para poder practicar las auditorias, y sin ellas no puede darse el pago por parte de dicho fondo.

En este sentido señaló a la Caja Nacional del Sureste como la principal institución que no querido cumplir con estos requisitos.

“Así como el gobierno federal rescató a los banqueros y a las carreteras, queremos que el nuevo gobierno que está por venir dirija su atención hacia la gente empobrecida por este grave problema”, insistió.

Por su parte, el vicepresidente del FUADO Mario Enrique Herrera Carrasco expuso que existe una gran complicidad entre los defraudadores y la Banca Comercial Mexicana “existen acuerdos en lo oscurito”.