Inspectores  de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inmovilizaron ayer una serie de bombas expendedoras de gasolina al comprobar el robo descarado contra los usuarios. Concretamente, en la gasolinera “Camaisa”, de Plaza del Valle, fueron “clausuradas” varias bombas, pero los empleados, en desacato a las autoridades desprendieron los sellos de inmovilización. Al buscar la versión del delegado de la Profeco en Oaxaca, Pedro Heladio Peña Guzmán, el funcionario argumentó que debido al proceso electoral que se avecina no está autorizado para dar declaración alguna “y no violentar la veda que fue implementada desde el inicio de las campañas políticas”.
Aseguró que, luego de celebrarse los comicios, la Profeco emitirá su postura con respecto a la “ordeña” de combustible.

Sin embargo, de acuerdo con los informes de la dependencia a nivel nacional,  al menos dos brigadas se trasladaron a la capital oaxaqueña, específicamente a  las regiones de los Valles Centrales y el Papalopan.
Esto, para verificar las bombas de combustibles y garantizar a los oaxaqueños que las estaciones expendan “litros de a litro”, y no 800 o 900 mililitros como lo han denunciado representantes del transporte urbano y suburbano.
De acuerdo a lo documentado por TIEMPO, representantes del transporte urbano y suburbano, así como los ciudadanos se han pronunciado en contra del servicio que ofrecen más de 12 de las 22 estaciones de combustible que se ubican tan sólo en la capital oaxaqueña y municipios conurbados.
Ante ello, el Movimiento Unido de Organizaciones, Sociales y Transportistas del Estado de Oaxaca (MUOSTEO) no descartó que en breve podrían iniciar una serie de acciones de protesta en contra de estas empresas.
En entrevista con este medio de comunicación, el presidente del MUOSTEO, Octavio Ruíz Ramírez calificó de indignante y denigrante que las autoridades estatal y federal  no hayan actuado de manera inmediata para evitar afectaciones a los bolsillos de los oaxaqueños.
Insistió que esta problemática no es una “novedad”, toda vez que desde hace más de 10 años los transportistas han denunciado esta serie de arbitrariedades, sin embargo no se han tomado medidas contundentes para evitar esta serie de irregularidades las cuales han provocado que el costo del mantenimiento de los vehículos que brindan el servicio del transporte urbano y suburbano continúe a la alza.

Ante la pasividad con la que han actuado las autoridades correspondientes, reiteró que la organización que representa realiza una serie de encuestas entre sus compañeros, quienes han coincidido en que tanto la Secretaria de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor se encuentran “coludidos” con los empresarios del ramo para no afectar sus intereses.