La Fiscal Especial de delitos de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ileana Hernández Gómez informó que la titular en Oaxaca de la Comisión Nacional de Pueblos Indios (CNPI), Concepción Rueda Gómez tendrá que comparecer para que aportes pruebas relacionadas con abusos sexuales y maltrato en albergues indígenas, tal y como lo hizo público en la víspera. Se ha girado oficio para citar a comparecer a la funcionaria federal para que ofrezca información respecto a los hechos acontecidos, además de que pedirá a los presuntos agraviados acudir a las instancias de justicia a valer su queja, precisó.

Refirió que la única denuncia que tiene la PGJO tiene que ver con un ataque sexual reportado en un albergue indígena ubicado en la zona mixe, en donde la madre de la victima hizo valer la denuncia ante el agente del ministerio público.

Añadió que en el caso hay una indagatoria en curso que resolvió que la agresión fue infringida por otras menores al interior del mismo alberge, la mayoría no mayores de 14 años. “No fue personal de la institución, ni profesores”, comentó.

Abundó que se inició un legajo de investigación que fue turnado a la Subprocuraduría Especializada para Adolescentes, y hasta donde avanza el proceso se ha determinado que los presuntos responsables no son objeto de sanción penal, sino administrativa y son objeto de prisión preventiva.

También pudieran ser obligados a pagar la reparación del daño para la victima, desde su tratamiento psicológico, hasta su atención médica.

Hernández Gómez adelantó que los implicados pudieran ser examinados para analizar su comportamiento sexual y se la agresión que cometieron fue parte de una acción dramática de bullying.

Anticipó que se buscará aplicar sanciones alternativa y de justicia restaurativa para evitar que hechos como los ocurridos vuelvan a suceder en los albergues.

Informó que sólo en lo que va del 2012 se ha presentado 338 denuncias por delitos de tipo sexual, de las cuales 213 tienen que ver con ataques sexuales o violaciones, la mayor parte cometida en contra de mujeres adultas.

En el caso de delitos sexuales cometidos contra niños y niñas en este año hay 226 denuncias, de los cuales 46 en específico son por abuso sexual, 5 por ciento de los mismo cometidos por profesores; el resto son cometidos por integrantes de la misma familia, incluso el padre biológico.

Contra profesores de educación primaria y secundaria que cometieron ataques sexuales contra sus estudiantes hay 7 denuncias.

Hernández Gómez aclaró que en Oaxaca la persona que cometa un ataque sexual contra un menor puede ser sancionado hasta con 30 años de prisión sin derecho a fianza, elevándose la pena a 70 años si se trata de un sacerdote, un profesor o el mismo padre de familia.